Es oficial: el Gobierno se planta ante el exceso de velocidad en las carreteras de España y cambiará las multas por penas de prisión en determinados casos
MOTOR
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha registrado una propuesta para modificar el artículo 379.1 del Código Penal
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- Àlex Roig
Periodista - Barcelona
El exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en los accidentes de tráfico en España. Y eso pese a que en los últimos años se han endurecido los controles y aumentado las campañas de vigilancia. Sin embargo, miles de conductores continúan superando cada año los límites establecidos, pese a que muchos de ellos son 'cazados' y sancionados con una multa económica que puede acarrear una pérdida de puntos en el carnet de conducir en los casos más graves.
Esta situación, la de la reincidencia, ha abierto el debate sobre la eficacia de las sanciones actuales. Las multas económicas y la retirada de puntos del carnet han sido siempre el elemento disuasorio que se ha utilizado, pero ante esta situación se ha planteado si el sistema penal debería tener un mayor protagonismo cuando se producen excesos elevados o conductas que generan un riesgo evidente para terceros.
En este contexto, el Gobierno prepara una reforma con la que pretende endurecer la respuesta frente a los excesos graves de velocidad y facilitar que determinados casos puedan derivar en penas de prisión. La intención es reforzar la vía penal en supuestos que, por su gravedad, superen el ámbito de la mera infracción administrativa y pasen a considerarse delito con mayor claridad.
Actualmente, el Código Penal ya contempla penas de prisión para quienes superen en más de 60 kilómetros por hora el límite en vías urbanas o en más de 80 kilómetros por hora en vías interurbanas. Sin embargo, la reforma que se estudia busca ajustar y reforzar estos mecanismos para que no queden en situaciones excepcionales y puedan aplicarse con mayor facilidad cuando concurran circunstancias especialmente graves.
Esto no significa que todas las multas por exceso de velocidad vayan a desaparecer ni que cualquier conductor que supere el límite termine ante un juez. Las sanciones administrativas seguirán existiendo para la mayoría de infracciones habituales, con multas económicas y pérdida de puntos como hasta ahora. El foco se sitúa exclusivamente en los comportamientos más extremos.
La modificación, que deberá concretarse en el correspondiente trámite legislativo, implicaría cambios en la interpretación y aplicación de los delitos contra la seguridad vial. El calendario definitivo dependerá del desarrollo parlamentario de la reforma, pero la intención del Ejecutivo es impulsar los cambios a lo largo de 2026.