Confirmado: Catalunya sienta un precedente y sanciona con 10.000 euros a todos los que nieguen alquilar una vivienda por motivos raciales
VIVIENDA
El Govern de la Generalitat aplica por primera vez la norma contra la discriminación en el acceso a la vivienda
- Àlex Roig
Periodista
El acceso a la vivienda es ya, desde hace años, uno de los principales focos de tensión social tanto en Catalunya como en España. Pero, además, a la subida sostenida de los precios del alquiler, la escasez de oferta y la presión en las grandes ciudades se suman otros factores que han ido ganando peso en el debate público en los últimos años. Por ejemplo, el aumento de la inmigración, la concentración de situaciones de pobreza en determinados barrios o el impacto de la ocupación ilegal.
En este contexto, el mercado del alquiler se ha vuelto cada vez más restrictivo por parte de los propietarios. Ahora, ante el temor a impagos, junto a los criterios económicos o de solvencia que históricamente se han utilizado como garantía, han ido apareciendo otros filtros. Es el caso de las negativas a alquilar una vivienda por motivos de origen racial o étnico, una discriminación en toda regla.
Pero eso parece que está a punto de cambiar vista la última situación que se ha producido. La Generalitat de Catalunya ha impuesto una sanción de 10.000 euros a una agencia inmobiliaria por "racismo inmobiliario" tras constatar que se negó el alquiler de una vivienda por motivos vinculados al origen racial del solicitante. Se trata de la primera multa firme aplicada en Catalunya en este ámbito y supone un precedente administrativo que refuerza la aplicación práctica de la normativa vigente de la Ley 19/2020, del 30 de diciembre, de igualdad de trato y no-discriminación.
La sanción se deriva de un expediente iniciado a raíz de una denuncia presentada por un hombre de origen marroquí que intentó alquilar un piso en Mataró. Según la investigación administrativa, el solicitante cumplía con los requisitos económicos exigidos, pero recibió una negativa que no pudo justificarse por motivos objetivos. El procedimiento permitió comprobar que el mismo inmueble sí se ofrecía a otras personas con un perfil distinto, lo que evidenció un trato desigual.
A partir de estos hechos, la administración concluyó que existió una vulneración del derecho a la igualdad de trato en el acceso a la vivienda. La sanción impuesta, de 10.000 euros, se sitúa en el tramo más bajo del régimen sancionador, que prevé multas de hasta 500.000 euros en los casos más graves. Además de la penalización económica, la resolución incorpora otras consecuencias, como la imposibilidad de contratar con la administración durante un periodo determinado.
Desde el Govern alegan que este hecho no se trata de un cambio legal, sino de la aplicación efectiva de una norma que ya estaba en vigor. La diferencia, explican, es que ahora se ha dado el paso de sancionar cuando existen pruebas suficientes de discriminación. Por tanto, con este primer expediente, queda un mensaje claro: negar una vivienda por motivos raciales ya no es una práctica impune.