Es oficial: el Gobierno dice basta y, a partir de este viernes 27 de marzo, se modifica la ley que acabará con la multirreincidencia delictiva
LEGISLACIÓN
El Congreso ha aprobado una reforma que incluye penas de prisión de 6 a 18 meses y contempla también condenas de 1 a 3 años en hurtos reiterados
- Àlex Roig
Periodista - Barcelona
La seguridad, junto a la dificultad del acceso a la vivienda, se ha consolidado como una de las grandes problemáticas sociales en España. Y es que los hurtos y pequeños robos repetidos han ido ganando protagonismo, especialmente en las grandes ciudades, las más turísticas y masificadas, donde este tipo de hechos son muy frecuentes y donde la sensación de impunidad preocupa cada vez más.
En estos casos, el problema claro es la reincidencia. Es muy habitual encontrarse con delincuentes con más de 100 antecedentes que continúan en la calle tras detenciones sucesivas, pues como son delitos menores entran y salen de la comisaría prácticamente el mismo día, sin pasar por el juzgado y ni mucho menos por prisión. Pero esa respuesta más contundente contra la reincidencia ha llegado.
El Congreso aprobó el pasado jueves 26 de marzo una reforma legal impulsada por Junts centrada en la multirreincidencia. La norma salió adelante con 272 votos a favor, 71 en contra y 7 abstenciones, con el apoyo de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV y UPN, mientras que ERC, Bildu y BNG votaron en contra, y fue publicada en el BOE al día siguiente, el viernes 27 de marzo, entrando en vigor desde ese momento.
Eso representa que, a partir de ahora, hurtos y estafas de pequeña cuantía podrán recibir una respuesta penal más elevada cuando se cometan de forma reiterada, especialmente en los casos en los que el autor haya sido condenado al menos por tres delitos de la misma naturaleza, siendo al menos uno de ellos leve.
La reforma establece penas de prisión de 6 a 18 meses en estos casos de reiteración, y contempla también condenas de 1 a 3 años en determinados supuestos agravados de hurto, como cuando existe reincidencia relevante o se trata de determinados bienes.
Entre esos supuestos, la ley introduce cambios específicos en delitos patrimoniales. Se incluye expresamente el robo de teléfonos móviles u otros dispositivos que puedan contener datos personales como uno de los casos que pueden ser castigados con penas de hasta 3 años.
Además, la reforma no solo afecta al Código Penal. También modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar la adopción de medidas cautelares, como la prohibición de acudir o residir en determinados lugares, con el objetivo de evitar la reiteración delictiva desde fases tempranas del procedimiento.