El Gobierno cambia las normas y, a partir del 16 de marzo, aprobará una bajada general de precios para hacer frente a la guerra
FINANZAS
El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara un nuevo paquete de medidas económicas de cara a aplicarlas la semana que viene
El Gobierno lo pone sobre la mesa: quienes no han cotizado lo suficiente podrán acceder a una pensión de hasta 564 euros en estos casos
- Àlex Roig
Periodista - Barcelona
La escalada del conflicto en Oriente Medio ha vuelto a colocar la economía mundial en alerta. El encarecimiento del petróleo y del gas en los mercados internacionales ya se está trasladando desde esta misma semana a la factura energética y al precio de numerosos productos, lo que ha obligado a las máximas instituciones instar a los gobiernos a preparar medidas para amortiguar el impacto.
España no es una excepción. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue de cerca la evolución de los precios y desde este miércoles hemos podido conocer que ya trabaja en distintos escenarios para evitar que la subida de los costes energéticos termine repercutiendo con tanta fuerza en los consumidores.
Y es que el Gobierno está preparando ya un nuevo paquete de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra a partir de la próxima semana del lunes 16 de marzo. Entre las opciones que se estudian se encuentran mecanismos para limitar subidas abusivas de precios y reforzar el llamado escudo social si la situación internacional termina afectando a familias y empresas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que el Ejecutivo español está trabajando con distintos ministerios para tener preparadas respuestas rápidas si la crisis energética se agrava. Entre ellas se barajan instrumentos ya utilizados en crisis anteriores como ya ocurrió durante la invasión rusa en Ucrania. Es decir, medidas para proteger el empleo o ayudas específicas a sectores más afectados.
Además, el Gobierno mantiene contactos con sindicatos y organizaciones empresariales para evaluar el impacto económico del conflicto y coordinar posibles actuaciones. Entre ellas, analizar cómo puede evolucionar el precio de la energía, los combustibles o determinados productos básicos y decidir si es necesario intervenir para evitar subidas desproporcionadas.
Por ello, el planteamiento del Ejecutivo pasa más por intervenir o limitar determinadas subidas de precios que por aplicar rebajas fiscales generalizadas. Según ha defendido Yolanda Díaz, reducir impuestos de forma amplia podría acabar beneficiando principalmente a las empresas si estas no trasladan la bajada al consumidor final, por lo que el objetivo sería actuar directamente sobre los precios si fuese necesario.